Admiten querellas contra responsables de la muerte de ballenas en Patagonia
Tiempo de lectura: 2 minutos La organización medioambiental Greenpeace catalogó como “un verdadero hito en materia de justicia ambiental” la aceptación de querellas presentadas contra quienes resulten responsables de la muerte de ballenas jorobadas en el Parque Nacional San Rafael y la Reserva Nacional Kawésqar.
Greenpeace informó que los juzgados de Letras y Garantía de Puerto Aysén y de Garantía de Punta Arenas declararon “admisibles” las querellas contra quienes resulten responsables de la muerte de dos ballenas jorobadas al interior de las áreas protegidas Parque Nacional San Rafael y Reserva Nacional Kawésqar.
Las acciones que fueron presentadas el recién pasado lunes 11 por Greenpeace, junto a la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómadas del Mar. Desde la organización ambientalista declararon estar conformes con esta declaración de admisibilidad, y aseguran que representa un importante hito en materia de acceso a la justicia ambiental, tanto para las comunidades, como para la sociedad civil.
“No sólo implica que se da el ‘vamos’ oficialmente al Ministerio Público para iniciar la investigación, sino que también supone un avance importante en el reconocimiento de la ciudadanía en materia de cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y políticas ambientales, y su rol en la defensa de los territorios”, determinó Matías Asun, director de Greenpeace Chile.
«Un hecho inédito»
En septiembre de este año fueron introducidas modificaciones a la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales. Estas modificaciones utilizó la organización medioambiental para presentar las querellas por posibles infracciones ocurridas al interior de áreas protegidas.
Desde Greenpeace aseguran que se trata de «un hecho inédito en la historia penal del país, ya que se utilizan por primera vez las modificaciones introducidas al Código Penal para querellarse».
El cuerpo legal detalla que las penas serán aplicables a quienes afecten gravemente ‘uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional o un humedal de importancia internacional’, por lo que los responsables podrían ser sancionados con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, lo que podría equivaler a una pena privativa de libertad desde 5 años y 1 día, hasta 10 años más multa.
“Con esta acción, esperamos aportar nuevos antecedentes a la investigación y sentar un precedente en la materia. Hoy tenemos una normativa que pena con cárcel las negligencias e infracciones medioambientales de las industrias; llegó la hora de hacer justicia por nuestra naturaleza y por las comunidades que la habitan. Basta de mirar al costado y basta ya de impunidad”, comentó Asun.
