Plantas desaladoras: los impactos aún no estudiados

Impidieron casi tres meses que las obras de una nueva planta desaladora en la comuna Puchuncaví se llevaran a cabo. Era un grupo de pescadores organizados de la localidad de la costa central que finalmente fueron desalojados. La comunidad local se opone a este proyecto de la empresa Aguas Pacífico, preocupados por el negativo impacto que podría causar el funcionamiento de la planta desalinizadora en su territorio, en especial el proceso de devolución de la sal al mar, la llamada “salmuera”, generada en estos procesos y cuyo impacto aún se desconoce.

A pesar de que la empresa asegura que su proyecto cuenta con todos los permisos ambientales, los expertos aseguran que faltan estudios científicos que permitan determinar los potenciales efectos de esta clase de infraestructura en el litoral chileno. “No sabemos aún, cuánto afectará a las comunidades que dependen de los recursos marinos, ni cómo impactará en los ecosistemas marino-costeros que ya presentan una gran vulnerabilidad debido a las marejadas, el cambio climático y la erosión que afecta al 86% de playas en Chile”, advierte la doctora Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa UC.

Pero ¿Qué sabemos sobre la instalación de esta clase de plantas? Una investigación publicada en el Journal Sustainability donde participó Ricardo Barra, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción e investigador del Instituto Milenio SECOS, analizó la “disponibilidad de espacio” para el desarrollo de esta industria, desde la zona central hasta el norte de nuestro país, abarcando un total de 114.452 km2.

“Identificamos algunos criterios que podrían ser útiles para ubicar plantas desaladoras minimizando los riesgos, sobre todo asociados a las descargas, que son una salmuera muy pesada con el doble de salinidad que el agua del mar y solo el 4,54% del territorio, equivalente a 5.195 km2, fue catalogado como altamente apto.”, explica el científico.

Viabilidad de los proyectos

El experto de la U. de Concepción destaca, que la investigación también concluye que se requiere considerar los aspectos socioambientales cuando se implementan proyectos como estos en las costas. “Las comunidades locales, agrega, juegan un papel fundamental en la viabilidad de los proyectos de desalación en fase inicial, donde la percepción pública es un factor fundamental para la sostenibilidad operativa y la seguridad hídrica de la población que depende de este abastecimiento de agua”.

Carolina Martínez comenta que lo que está pasando en Puchuncaví es un conflicto que se está repitiendo en otras partes de Chile, según han podido constatar a través de los Núcleos Territoriales del Observatorio de la Costa UC. La Desaladora Aguas del Valle, en el Panul, Coquimbo, es un ejemplo de aquello, ya que a pesar de contar con una inversión de 181 millones de dólares, no cuenta con estudios de los impactos que puede causar en los ecosistemas costeros, por lo que la comunidad local se ha movilizado contra el proyecto. Dos veces ha sido rechazada esta planta por el Servicio de Evaluación Ambiental, contando con lapidarios informes.

Un caso similar, es la planta de ósmosis inversa inaugurada  en la caleta de Quintay, Región de Valparaíso. Alejandra Porras, parte del núcleo territorial del Observatorio de la Costa en Quintay, cuenta que la planta permite abastecer a 400 familias en esta zona, que arrastra graves problemas de abastecimiento de agua, “sin embargo, todavía quedan sectores sin acceso que se abastecen por camiones aljibe, por lo que existen planes para construir plantas aún más grandes, pero desconocemos cómo pueda afectar los recursos costeros de nuestra comuna”.

“Los impactos de la planta también preocupan tanto a la comunidad local como la científica, en este caso se debe tener en cuenta que esta es la primera caleta de Chile en contar con área de manejo para recursos bentónicos, la cual ya sufre diversos impactos producto del avance inmobiliario”, advierta la doctora Carolina Martínez.

Ordenamiento territorial

A juicio de la científica, aún persisten muchas dudas sobre la seguridad de estas plantas desaladoras, por ejemplo, si incorporan la tecnología adecuada para hacer frente a amenazas naturales recurrentes en la costa como tsunamis, terremotos y marejadas, o la erosión costera que se extiende de manera creciente por el litoral. “Sin duda el problema hídrico requiere implementar nuevas soluciones, añade Martínez, pero se necesita un marco regulatorio que haga posible el ordenamiento territorial para la costa, y que esas soluciones sean basadas en la mejor evidencia científica posible”.

La proyección de crecimiento para la industria de la desalinización, en la que está basada gran parte de su estrategia de seguridad hídrica del país, requiere de la participación y la opinión de las comunidades, integrándolos desde el inicio, no al final cuando las decisiones están tomadas, complementa la doctora en Geografía. La Ley de Costas ­–que se tramita en el Congreso– busca administrar de manera segura los distintos usos de la costa y protegernos frente a afectaciones cuyos impactos todavía desconocemos. La crisis hídrica se acrecentará en los siguientes años, en especial dada la insuficiencia de las decisiones gubernamentales que permitan detener el avance del cambio climático en nuestras costas”, concluye.

Fuente: Observatorio de la Costa UC