El malestar indígena con los proyectos extractivos
Tiempo de lectura: 2 minutos Académica de la Universidad de Chile, participó como coautora de un estudio internacional del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), que analizó la situación de las más de 740 comunidades indígenas de distintas partes del mundo que se ven afectadas por este tipo de actividades. La investigación fue publicada en Science Advances
La Casa de Bello es la única institución latinoamericana y de todo el «sur global» que participa en esta investigación, realizada en colaboración con otras nueve universidades, que evidencia las violaciones de los derechos de pueblos indígenas. El trabajo, publicado en la revista Science Advances, se basa en datos recopilados durante la última década por el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), una iniciativa de la cual la profesora Navas ha sido parte en los últimos 6 años y que, hasta el 2023, ha identificado y mapeado un total de 3.081 conflictos socioambientales en todo el mundo (más información sobre este mapa en www.ejatlas.org).
El estudio muestra que a pesar de que los pueblos indígenas representan solo el 6,2 % de la población mundial y que sus tierras ocupan una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, estos se ven afectados por el 34 % de todos los conflictos ambientales documentados sobre proyectos de extracción y desarrollo industrial. En total, la investigación documenta más de 740 comunidades originarias diferentes que se ven afectadas por este tipo de actividades, lo que supone el 15 % de los casi 5.000 grupos que existen en el mundo. Entre las comunidades indígenas identificadas en Chile se encuentran los pueblos Mapuche, Kolla, Atacama, Diaguita y Aymara.
Sectores de mayor impacto
Otro de los hallazgos es que ocho de cada diez conflictos ambientales hacen referencia a solo cuatros sectores, y es la minería el sector que más frecuentemente impacta en la población indígena (24,7 %), por delante del sector de los combustibles fósiles (20,8 %), el sector de la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería (17,5 %) y el de la construcción y explotación de represas hidráulicas (15,2 %). La profesora Navas destaca que, aunque el estudio es a nivel global, Chile no es la excepción a esta tendencia. De los 23 casos analizados en Chile, los principales conflictos socioambientales están asociados al sector minero y al sector hidroeléctrico. No obstante, también hay varios casos relacionados a la transición energética como, por ejemplo, la minería de litio en el Salar de Atacama o la construcción de parques eólicos.
Las conclusiones de esta investigación, además, muestran la magnitud de las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas asociadas a los modos de vida industriales. Asimismo, recuerdan que instrumentos internacionales, como el Convenio C169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, desempeñan un papel fundamental en la promoción de sus derechos.
“Sin embargo, los niveles actuales de ratificación, aplicación y supervisión son insuficientes para garantizar el respeto de estos derechos”, remarcan. Para Álvaro Fernández-Llamazares, coautor del estudio e investigador del ICTA-UAB, “el acaparamiento de tierras provocado por la agroindustria y otros sectores extractivos sigue siendo una gran amenaza para los pueblos indígenas ”, añade.
Por ello, plantean la necesidad de que los gobiernos apliquen medidas que promuevan los derechos indígenas y apoyen la justicia ambiental garantizando el cumplimiento real de los convenios existentes y la protección de los derechos sobre sus tierras.
Fuente: U. de Chile
